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Carlos Sánchez
El presidente del Gobierno, con buen criterio, convocó varias conferencias de presidentes autonómicos en la anterior legislatura, pero que en lugar de insistir con esta idea para gobernar la crisis con mayor consenso político ha acabado por depositarla en el vertedero de los buenos proyectos. Ahora que se celebra el XXX aniversario de la Constitución no estaría de más que alguien repensara la Carta Magna y diera al jefe del ejecutivo competencias efectivas en materia de coordinación con las comunidades autónomas, más allá de esos insípidos principios que aparecen en la Ley de Gobierno del año 1997.
¿Y qué decir de la oposición?, que en lugar de propiciar la firma de unos nuevos pactos de la Moncloa se limita a criticar -con razón- la evolución de la actividad económica. Es fascinante que el área que se ha reservado el PP para atacar al Gobierno sea, precisamente, la economía. Un prodigio de análisis político y de solidaridad social.
La actitud de los sindicatos y empresarios no es menos sorprendente. Con la que está cayendo, unos y otros se centran en renovar el acuerdo interconfederal sobre negociación colectiva, cuando parece evidente que la hemorragia en el desempleo sólo se podrá cerrar con un pacto social que afecte a las rentas salariales y a los beneficios empresariales. Claro está, a no ser que se prefiera que el ajuste se haga vía empleo. Y en particular sobre el más precario: el temporal. No estará de más recordar que mientras que el empleo indefinido aún crece un 2,6% anual, el eventual se ha desplomado un 8,1%, lo que refleja que el ajuste se está haciendo sobre la parte más débil de la cadena. Otro ejemplo de solidaridad social.
Resulta no menos increíble que la banca (siempre tan liberal y a favor del libre mercado) se dedique estos días a evitar la quiebra de las inmobiliarias o las constructoras en lugar de dejarlas caer, lo que favorecería una reducción de los precios de la vivienda y permitiría dar salida al enorme stock de pisos sin vender, aunque aumentara su tasa de mora, que le vamos a hacer. Porque demanda de pisos hay. Cada año se crean en España más de 400.000 hogares, pero los precios siguen siendo abusivos. Beatriz Corredor, la ministra de la Vivienda, tiene una buena oportunidad para decir a los banqueros que en lugar de engordar su cartera inmobiliaria saquen al mercado los pisos con el objetivo de reiniciar cuanto antes el ciclo inversor, aunque no puedan lucir durante varios trimestres unos beneficios tan abultados. Al fin y al cabo, el Estado ha sido generoso con ellos poniendo a su disposición 250.000 millones de euros para que puedan lamer sus heridas sin quebrantos de mayor cuantía.;
El problema del paro es ya de tal envergadura que no es jugar al catastrofismo dar pábulo a quienes sostienen que, en el mejor de los casos, la tasa de desempleo española no volverá niveles europeos (en torno al 7%) hasta mediados de la próxima década. Tras la última recesión, fueron necesarios 13 años para que el paro bajara del 24,55% -alcanzado en el primer trimestre de 1994 (récord histórico)- al 7,95% (mínimo en la fase alcista del ciclo). Todo ello pese a que la economía creció durante el periodo por encima del 3,5%. Y hay que tener en cuenta que la mayoría de los analistas considera que el actual ciclo recesivo llevará el desempleo a tasas cercanas al 20%.
No parece, por lo tanto, el momento más idóneo para hacer discursos políticamente correctos que simplemente esconden la falta de temple político para manejar el conflicto social, algo consustancial al sistema político democrático. Por si a alguien le sirve, ahí va una receta del profesor Samuel Bentolila, del Banco de España, publicada en Sociedad Abierta, y en la que aboga por cerrar la brecha entre contratos fijos y temporales a cambio de mayores niveles de protección social. Es un buen guión para empezar.
(Paul Kennedy: Auge y caída de los Grandes Imperios. Mondadori Ediciones)

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