José Cortizo,
Director general de Pelayo Mundiale

- ¿Podría usted recordarnos qué fue el Pacto de Toledo y cuáles han sido los mecanismos de implantación y seguimiento de sus recomendaciones?
- El Pacto de Toledo fue un ejercicio de consenso político alrededor del controvertido tema de las pensiones públicas, que fijó hasta quince recomendaciones básicas, que deben guiar la actuación política y de gobierno en este tema, y que debe concretarse en su implantación y seguimiento por medio de una comisión parlamentaria no permanente que cada cinco años aproximadamente, debe revisar e impulsar dichos principios.

El documento que recoge dicho Pacto fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995. La primera comisión de seguimiento se desarrolló en el año 1996, y en desde el inicio de la legislatura estaba previsto que se convocara de nuevo en este año.

- Qué razones cree que están contribuyendo a que este asunto adquiera en estos momentos tanta importancia mediática?
- Estamos ante un tema de capital importancia, por lo que en ningún caso creemos que el papel que en estos momentos tiene en los medios sea artificial. Sin embargo, sí hemos de reconocer que puede haber algunas cuestiones que favorezcan que se hable del tema.

La primera es, sin duda, que hemos pasado en las últimas semanas unos de los momentos de mayor incertidumbre de la historia sobre la estabilidad del sistema financiero mundial en su conjunto, que ha obligado a reaccionar coordinadamente a toda la clase dirigente mundial. En una situación como ésta, no es en absoluto artificial promover un debate que clarifique y otorgue tranquilidad a la población sobre las garantías que existen alrededor de la seguridad del sistema actual de pensiones. Por decirlo de otro modo, nos parece necesario y acertado, que desde las más altas instancias se transmita tranquilidad a la población jubilada, en el sentido de que sus pensiones no corren peligro, y a la población en general sobre que el sistema de pensiones es viable aunque sometido a interrogantes que motivarán las oportunas reformas.

La segunda es, en nuestra opinión, la influencia de la evolución del empleo, en el futuro de las cuentas de las pensiones públicas. Hasta ahora hemos vivido momentos de crecimiento y una cierta estabilidad en el empleo, pese a la fuerte dependencia del sector de la construcción y de los elevados niveles de consumo interno. La situación actual y previsible es muy otra, por lo que es más que conveniente revisar las actuales estructuras financieras del sistema para adaptarlas a las nuevas circunstancias.
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- ¿Podría recordarnos cuáles son las principales cifras que definen el problema de la viabilidad del sistema público de pensiones tal como hoy lo conocemos?
- Nuestro sistema de pensiones es de reparto, esto quiere decir que los trabajadores en activo sostienen con sus cotizaciones a los que reciben una pensión. En la actualidad hay 18.7 millones de personas afiliadas al sistema de seguridad social, que sostienen a 8.4 millones de personas que reciben una pensión, por lo que el ratio de activos sobre pensionistas es de 2.66. Esta cifra es todavía razonable, pero su tendencia es a decrecer a largo plazo, hasta el punto que las previsiones más extendidas nos sitúan en el año 2050 como el país más envejecido de Europa.

Sociológicamente se dan en España algunas circunstancias perniciosas para un sistema de reparto, (baja natalidad y elevada esperanza de vida), que han estado temporalmente amortiguadas por una intensa inmigración atraída por un mercado de trabajo muy activo, que ahora ha dejado de estarlo.

En los tiempos de bonanza se ha generado con el superávit del sistema público un Fondo de Reserva de las Pensiones, que ahora posee unos 60.000 millones de euros, pero que por sí solo no será capaz de sostener una Seguridad Social marcada por fuertes desequilibrios demográficos.

- ¿Cuáles son las materias que se espera sean más debatidas en la nueva edición del Pacto de Toledo?
- En principio entendemos que se revisarán las 15 recomendaciones básicas del Pacto, sin embargo hay unas pocas que creemos van a centrar más el debate, como son las bases financieras del sistema, la edad de jubilación y el período de cotización y las pensiones privadas.

Las pautas más esperadas en relación con ellas son, promover una análisis técnico y exento de partidismos políticos de la realidad financiera del sistema y su previsible evolución, la discusión de la posibilidad de alargar el período de cotización para fijar el cálculo de la pensión pública, de los 15 años actuales, a 20 años o incluso toda la vida laboral del trabajador, y tratar de promover una jubilación más tardía evitando las prejubilaciones y tratando que al menos voluntariamente parte de la población trabaje más allá de los 65 años.

- ¿Cómo afecta este Pacto a compañías como Pelayo Mondiale Vida?
- Las consecuencias de todo este debate nos afectan en relación con la necesidad percibida por los clientes de tener una pensión privada complementaria a la del Estado, y las facilidades que se arbitren para que los particulares o las empresas ahorren para la jubilación.

De un lado, es evidente que cuando más consciente es la población de que el esquema público tiene sus interrogantes, más lógica resulta la previsión privada. Por otro, los incentivos que se establezcan para potenciar el ahorro para la jubilación, que es a largo plazo y por su propia naturaleza poco o nada líquido, obviamente tienen su influencia. En concreto, son los incentivos fiscales los que históricamente han demostrado de forma más evidente su eficacia.

- ¿De verdad los incentivos fiscales son tan importantes?
- Según nuestros estudios claramente sí, tan sólo hay una de cada tres personas que ahorran para la jubilación que lo seguirían haciendo exactamente igual si no hubiera ventajas fiscales. Hemos de recodar que recientemente se han limitado algunos de los beneficios fiscales de los planes de pensiones, especialmente en lo relativo a su fiscalidad en el momento de la prestación, y aunque no creemos que su incidencia esté siendo gravemente negativa por el momento, lo cierto es que traslada a la población un mecanismo de incongruencia, que todos los analistas consideran que va a ser sometido a discusión en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo que ahora se convoca.

- ¿Se ha especulado con la posibilidad de que el ahorro para la jubilación pudiera ser obligatorio, al menos para las empresas, qué opinión le merece esta idea?
- La vemos por el momento muy incipiente y con muy fuertes dificultades de implantación. Al tiempo que la mala coyuntura económica actual y previsible, generarían tensiones muy importantes de implantación. Sin embargo, el mero hecho de que se pueda haber especulado con la idea es un buen síntoma, ya que denota que el problema se considera lo suficientemente serio y preocupante como para justificar medidas importantes.

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