Por más cortinas de humo y medias verdades (o medias mentiras, que para el caso tanto da) que traten de lanzar sobre el origen y las razones últimas de la crisis, la realidad es que éstas hay que buscarlas en una única causa: la búsqueda de la máxima tasa de ganancia por parte del gran capital financiero internacional. La masiva concentración de capitales en torno al mercado inmobiliario y los derivados financieros asociados a éste iniciado en 2002, al llegar a 2007 ha dado lugar a una superproducción de capitales, fuerzas productivas y mercancías en estos dos sectores. El histórico descenso en los tipos de interés al que se cobraba el dinero en aquellos años -descenso decretado por la Reserva Federal norteamericana tras los atentados del 11-S, y seguida posteriormente por todos los grandes bancos centrales- provocó que una gran masa de capitales se concentraran en el mercado inmobiliario, el mercado capaz de rendir las mayores tasas de ganancia en aquellas condiciones.

Pero esto todavía no era suficiente para la voracidad del gran capital financiero. Había que explotar al máximo “la gallina de los huevos de oro” en que se había convertido el mercado inmobiliario, sacarle más rentabilidad, extraerle hasta la última gota de beneficio posible. Y entonces idearon un sistema gracias al cual se estableció una íntima relación entre el mercado inmobiliario y el mercado financiero, que permitió que la alta tasa de ganancia que ofrecía un mercado inmobiliario en expansión se multiplicara utilizando el valor de la deuda hipotecaria como garantía para la obtención de nuevo capital.

La gran banca prestaba dinero a manos llenas a particulares y empresas. Con los valores acreditativos de esas deudas sacaban nuevos productos financieros que vendían con la promesa de un interés más alto del que ellos estaban cobrando, lo cual les permitía acumular más y más capital. Infinidad de capitales, tanto de particulares como de grupos inversores o institucionales –se calcula que sólo el Tesoro y los bancos de China, Rusia y Japón tienen invertidos 400, 200 y 150 mil millones de dólares respectivamente en el mercado financiero secundario de deuda hipotecaria norteamericana- acudieron a su llamamiento.

Un sistema que podía funcionar, y que de hecho funcionó, mientras no se rompiera la cadena de operaciones, mientras pudiese conseguirse nuevo capital con el que seguir alimentando el mercado hipotecario. Pero, como ocurre siempre en el capitalismo, la capacidad de consumo de un mercado, de cualquier mercado, tiene un límite a partir del cual los fundamentos mismos del capitalismo entran en colisión con él. Justo en el momento en que la ultra concentración de capitales ha dado lugar a una situación de superproducción a partir de la cual la tasa de ganancia empieza a decrecer de forma cada vez más acelerada. La acumulación de impagos en las hipotecas de alto riesgo, concedidas a personas y familias que no reunían los requisitos de solvencia mínimos para afrontar unas deudas hipotecarias de ese volumen quebró la cadena y precipitó la crisis.

Inmediatamente, la misma dinámica del sistema creado provocó que el estallido de la crisis en torno a las hipotecas “subprime” norteamericanas se trasladara súbitamente al sistema bancario y financiero internacional. La crisis inmobiliaria se tradujo entonces en una crisis de liquidez y de crédito. La cadena de circulación del capital financiero pasó a romperse por su eslabón más débil (las hipotecas de alto riesgo), precipitando así al conjunto del sistema bancario de las principales economías del mundo a una crisis general.
Esta relación particular creada en estos años entre el mercado inmobiliario y el mercado bancario y financiero internacional es la clave que explica tanto la celeridad como la profundidad de una crisis que muchos definen ya como la más importante en la historia del capitalismo tras el crack de 1929. Todo el sistema bancario de los principales países desarrollados –el verdadero corazón de los capitales financieros oligárquicos que los dominan- está hoy puesto en cuestión. Ahora, la mayoría deben dedicar buena parte de su capital a tapar las deudas y agujeros creados por el derrumbe del sistema de ingeniería financiera creado por ellos mismos. Y al resultar todavía insuficiente, deben ampliar su base de capital, retirándolo del mercado.

Desde el sistema bancario, y pese a los denodados esfuerzos de los bancos centrales que llevan inyectados ya más de un billón de euros en él, era forzoso que la crisis empezara a extenderse al resto de sectores de la economía productiva pro una concatenación de efectos inevitables.

En primer lugar por la restricción del crédito a empresas y particulares. No es, como afirman medios de comunicación y expertos al uso, que exista un problema de desconfianza. Lo que hay es la necesidad por parte del gran capital bancario de disponer para sí mismo de la mayor parte de los recursos de capital existente en el mercado. Y ya se sabe que donde hay capitán no manda marinero. Lo cual se traduce en un corte radical de la disposición de dinero líquido para los particulares y la pequeña y mediana empresa, y una financiación mucho más selectiva, restrictiva y en condiciones más difíciles para el resto de grandes empresas. Lo cual implica, a su vez, una caída o ralentización de la inversión, de la formación de nuevo capital y de desarrollo de las fuerzas productivas.

En segundo lugar, este mismo hecho lleva a un notable descenso del consumo al haber menos posibilidad de dinero en el bolsillo de las familias y las empresas. Y eso se convierte ipso facto en un estancamiento en el crecimiento de las economías desarrolladas, donde el consumo supone más de los dos tercios del PIB.

El tercer efecto está siendo la subida del precio de las materias primas, convertidas en valores-refugio para muchos de los grandes capitales huidos en estampida del mercado inmobiliario y sus derivados financieros. Una subida que no hace más que alimentar y amplificar los peores efectos de la crisis.

Un escenario adverso. En España la crisis ha estallado de forma concentrada en el sector inmobiliario, que a lo largo de más de 10 años ha sido el motor del crecimiento del PIB. Es en torno a la expansión del sector inmobiliario que el PIB español ha podido ir creciendo en la última década a un ritmo sostenido superior al 3,5% anual. El súbito y acelerado desplome de la construcción hace previsible que las consecuencias de la crisis golpeen con especial intensidad a la economía española durante los próximos años. Aunque la construcción sólo representa nominalmente le 13% de la economía española y el 14% del empleo del país, su influencia en realidad es mucho mayor, ya que una gran cantidad de sectores productivos dependen en gran parte de él.

El hundimiento inmobiliario significa la creciente paralización de una parte sustancialmente importante del resto de sectores productivos. Desde el sector del cemento y el mueble hasta la industria de electrodomésticos y la cerámica, pasando por el aluminio, hierro, etcétera, dependen en mayor o menor medida de él. Si, como se espera, a medida que concluyan las obras ya iniciadas no se empiecen otras nuevas ante la existencia de un enorme stock de viviendas vacías sin vender y una debilidad creciente del mercado de compradores, las consecuencias para el conjunto de la economía el empleo pueden llegar a ser demoledores. Los inversores financieros internacionales especulan ya con que España sea la primera economía importante de los países desarrollados que entre en recesión (crecimiento negativo, es decir, decrecimiento del PIB) en el curso de los próximos trimestres. No se reduce a esto, sin embargo, las consecuencias de la crisis.

Tres de los principales aspectos de la crisis mundial afectan de manera particular a la economía española, especialmente vulnerable a ellos. En primer lugar, la crisis financiera global. Las restricciones del crédito y la falta de liquidez en los mercados internacionales de capitales va a obligar a un proceso relativamente prolongado de lo que los economistas llaman desapalancamiento de la economía, es decir, la imposibilidad de seguir sosteniendo el crecimiento sobre la base del recurso a la deuda. Y este ha sido, históricamente, uno de los grandes lastres del capitalismo en España desde sus orígenes.

La reciente suspensión de pagos protagonizada por la mayor inmobiliaria del país, Martinsa-Fadesa, es un ejemplo típico de ello. Su crecimiento y expansión no estuvo basado ni en los recursos de capital propios ni en ampliaciones de capital suscritas por pequeños o grandes accionistas. Sino en el recurso, puro y duro, al endeudamiento con los grandes grupos financieros, en particular, con la banca y las cajas de ahorros. En este momento en que la actividad sufre un parón y las ventas descienden, la deuda no sólo se come los beneficios, sino el mismo patrimonio y los activos de la empresa. Y este no es un caso aislado.

No sólo constructoras e inmobiliarias, sino también los grandes grupos empresariales españoles que en la última década han dado el salto a la expansión internacional y a su transformación en auténticas multinacionales de alcance global, lo han hecho recurriendo al mismo sistema. La única diferencia es que su deuda no pertenece –o no mayoritariamente- al capital bancario nacional sino al internacional. La intensidad con que en el pasado recurrieron a la financiación exterior para aumentar su dotación de capital y financiar el proceso de internacionalización empresarial, corre pareja con la vulnerabilidad que presenta su escaso músculo financiero –atrapado además por las crecientes exigencias de una deuda hipertrofiada y la imposibilidad de recurrir a nuevas ampliaciones de deuda y las dificultades para renegociar la ya adquirida- ante los grandes tiburones internacionales.

En segundo lugar, el choque alcista de los precios de las materias primas, y en especial del petróleo, que amenaza con convertir la inflación en un escenario prolongado y particularmente adverso e incierto, especialmente para una economía como la española, cuyo consumo energético por unidad de PIB es de las más elevadas de entre los países desarrollados, debido al notable retraso tecnológico -y por lo tanto ineficiencia- del tejido productivo español, fruto de la escasa inversión en innovación.

En tercer lugar, tanto el aumento del paro como la restricción del crédito, unido a la inflación y los bajos salarios afectan directamente también al consumo, que supone el 65% del PIB. Un menor consumo que influye en la totalidad de los sectores productivos (automóviles, electrónica, alimentación, servicios, bienes de equipo…) que ven decrecer la demanda, restringirse el mercado y las ventas y, con ello, abre la posibilidad, real y cercana, de nuevos ajustes en sectores inicialmente no afectados por la crisis. Lo cual, a su vez, retroalimenta la propia crisis al repercutir negativamente sobre el empleo, la inversión y el consumo.

Estos tres factores de incertidumbre -unos exógenos, determinados por la crisis mundial, otros internos, propios de las características específicas del capitalismo español-, son los que se suman al ajuste estructural puesto en marcha ya en el sector inmobiliario. Una situación que aboca a la economía española en los próximos trimestres a unas perspectivas de intensa desaceleración en lo que queda de 2008 y, al menos, en todo el 2009. Unas condiciones adversas que no pueden dejar de afectar de lleno a todos los sectores de la economía española. Incluida la banca y las grandes empresas, que si bien a través del recurso a medidas excepcionales (aumento del euribor, inflación, rebajas salariales, reducción de costes mediante despidos,…) todavía pueden hoy, mal que bien, seguir manteniendo en gran medida unas altas tasas de ganancia, es inevitable que a medida que la crisis se amplíe y se profundice empiecen también a sufrir sus consecuencias.

Toda esta situación se está traduciendo, de una forma especialmente acelerada e intensa, en un empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos de a pie. Y con la perspectiva de que en los próximos meses las cosas vayan a peor.